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A partir de hoy, aplicación de la normativa sobre Accesibilidad Universal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Accesibilidad es una materia transversal que afecta a multitud de aspectos de nuestra vida. En este campo en los últimos años ha habido abundante actividad legislativa, en el ámbito estatal y en el autonómico.

 

Corresponde al Estado aplicar unas condiciones básicas de accesibilidad o condiciones mínimas que han de respetarse en cualquier parte del territorio.

 

En el año 2003, fue aprobada la legislación básica, aplicable y exigible en todo el territorio nacional, que establecía, unas obligaciones de accesibilidad y no discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría que ser necesariamente accesible, y para lo existente con anterioridad que no reuniera esos parámetros, se fijaban unos límites temporales amplios, para convertirlo en accesible, que llegaban en un principio hasta 2019, y que posteriormente, por un cambio legal en 2011, se redujeron dos años, es decir hasta 2017.

 

Dicho cambio quedaba recogido en el "Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social", aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, publicado en el BOE el 3 de diciembre

 

El Real Decreto  recoge el concepto de "ajustes razonables": "son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos"

 

La Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, concreta en su artículo 2, apartado 4, cómo cuantificar la "carga desproporcionada": "para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda"

 

Por otra parte, en lo concerniente a los incumplimientos, se considera infracción grave: "El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable".

 

La ley ante una infracción prevé la aplicación de sanciones que oscilarán entre los 301 euros y el millón de euros, según éstas se clasifiquen como leves, graves o muy graves.

 

Ayer, 4 de diciembre de 2017 era la fecha límite para llevar a cabo las adaptaciones y alcanzar el bien básico de la accesibilidad universal. Pese a los años transcurridos, hemos llegado a esta fecha y un significativo número de entornos, bienes, productos y servicios siguen con graves deficiencias de accesibilidad y, por tanto, suponen una clara discriminación para las personas con discapacidad.

 

Con carácter general, la realización y la consecución de la accesibilidad universal en los plazos establecidos por la Ley, no se ha conseguido.

 

En el Parque de Innovación La Salle de Servicios para las Personas, en varias sesiones de trabajo del Comité Consultivo Observatorio de la Innovación en el Diseño Universal, se ha debatido este tema en profundidad, con la aportación de cualificados expertos en la materia apoyándose, sin ambages, la necesidad de alcanzar el objetivo propuesto en la legislación desde una posición que indica la necesidad de establecer con perseverancia caminos claros, firmes y continuos que permitan alcanzar la realidad de entornos no excluyentes y para todos, que propicien la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

 

 

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