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El Comité Consultivo de La Sale Parque de Innovación analiza el concepto de “ajustes razonables”

El Comité Consultivo del contemplado en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, de La Salle Parque de Innovación, analiza el concepto de "ajustes razonables" contemplado en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad

 

  • El fundamento técnico ha de ser tomado en sentido positivo al garantizar derechos fundamentales de las personas y quedar indicada su aplicación en aquéllos edificios ya construidos, como alternativa de ajuste a las prescripciones de la accesibilidad universal.
  • El Comité Consultivo manifestó su preocupación por la escasa o nula dotación de ayudas públicas para la mejora de las condiciones de accesibilidad universal de las viviendas, específicamente, para la instalación de ascensores.
  • Respecto de la edificación de uso público, el Comité señaló la labor ejemplarizante que han de realizar las Administraciones Públicas adecuando la su parque de edificios a los requisitos legales en materia de accesibilidad incidiendo en el papel básico a desempeñar por la iniciativa privada y la sociedad civil articulada en torno al movimiento asociativo de personas con discapacidad.

 

El Comité Consultivo del Observatorio de la Innovación en el Diseño Universal de La Salle Parque de Innovación de Servicios para las Personas, ha debatido en su sesión de trabajo de ayer jueves 10 de octubre, el concepto de ajustes razonables contemplado en la "Ley General de Derechos de las Personas con discapacidad"(RD1/2013 de 29 de noviembre) valorando, con todas las partes implicadas, las repercusiones y el estado actual de la cuestión en el ámbito de la vivienda de uso residencial privado y en la edificación de uso público.

 

La experta letrada Dña. Elena Díaz Carnerero, Premio C.E.F. 2015 en la modalidad de Derecho Constitucional y Administrativo,  invitada por el Comité, fundamentó técnicamente, la interpretación a otorgar al concepto jurídico indeterminado "ajustes razonables" establecido en el ordenamiento legal español en materia de accesibilidad. Su argumento central expositivo puso de manifiesto que ha de ser tomado en sentido positivo y no restrictivo, dado que pretende como objetivo básico, garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, particularmente, el de acceso y uso no discriminatorio de la edificación, tanto pública como privada. Todo ello, al quedar indicada su aplicación en aquéllos edificios ya construidos, como alternativa válida de acuerdo a las prescripciones de la accesibilidad universal.

 

El Comité Consultivo manifestó su preocupación por la escasa o nula dotación de ayudas públicas para la mejora de las condiciones de accesibilidad universal de las viviendas, específicamente, para la instalación de ascensores. La modificación del Art. 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, establece la obligatoriedad de la ejecución de obras que garanticen la accesibilidad pero, la consideración económica de dicha obligación, cifra en una cuantía mayoritariamente insuficiente las posibilidades reales de llevarla a cabo. Este hecho deriva en la práctica, situaciones a veces dramáticas para los afectados, al impedir que, muchos de ellos, siquiera puedan salir de su propio domicilio, denostándose así su calidad de vida e impidiéndose su integración en la comunidad.

 

La formación y sensibilización de los administradores de fincas en esta materia, como actores centrales en las comunidades de propietarios, constituye a juicio del Comité, un aspecto básico a considerar si se pretende la mejora progresiva de cara al futuro dado que el escaso conocimiento y posibilidad de actuación que muchas veces poseen los vecinos, hace de los primeros los principales y más importantes motores de cambio.

 

Respecto de la edificación de uso público, el plazo ofrecido por la legislación vigente ("Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad") para su ajuste a las condiciones de accesibilidad, que quedará agotado en diciembre de 2017, parece no haber constituido un elemento de estímulo suficiente para la acción. El Comité señala a este respecto, la labor ejemplarizante que las Administraciones Públicas han de desarrollar, adecuando su parque de edificios como muestra de preocupación, motivación y liderazgo en la materia. De igual forma, el Comité concluye que, si se pretende el objetivo de aplicabilidad de la ley en la práctica,  la iniciativa privada y el sociedad civil articulada en torno al movimiento asociativo de personas con discapacidad, han de jugar un papel básico en el futuro más inmediato, habida cuenta de que, a fecha de hoy, no se han establecido aún los parámetros que definan el concepto de "ajustes razonables" en el ámbito de la edificación pública. 

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El Comité Consultivo del Observatorio de la Innovación del Diseño Universal del Parque La Salle de Innovación de Servicios para las Personas, aglutina a instituciones y organismos públicos y privados de alta presencia social en el ámbito de la universidad, la empresa, Administraciones Públicas, profesionales y los usuarios. Forman parte del él, entre otros: CEAPAT Imserso, Fundación Vodafone España, Fundación 3M, Banco Santander España, CERMI Comunidad de Madrid, EMT, Asociación Española de profesionales de la Accesibilidad Universal, Unión de Democrática de Jubilados y Pensionistas de España. Se enmarca en la actividad del Campus universitario La Salle de Madrid y tiene como objetivos propiciar y facilitar la cooperación, relación e intercambio de información relacionada con el Diseño Universal entre instituciones y organismos públicos y privados; organizar actividades que favorezcan el conocimiento, difusión y aplicación de los principios del Diseño Universal; aportar información y difundir buenas prácticas y la actividad de instituciones o empresas que se signifiquen por la realización de actuaciones de innovación en el Diseño para Todos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

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